miércoles, 17 de noviembre de 2010

Problemas del sistema sanitario español.

España todavía no ha logrado resolver sus problemas de lista de espera, lo cual tiene implicaciones serias en los pacientes en cuanto a que la calidad del sistema de salud no mejora su calidad ni su atención, por lo que muchos españoles para obtener un buen servicio en un tiempo razonable tienen que recurrir al sector privado.

El sistema sanitario de Estados Unidos, completamente diferente al español, necesita valorar constantemente lo que cuesta atender a un paciente y la eficiencia de un hospital. Las aseguradoras controlan una sanidad donde: sin seguro, no tienes cobertura. De ahí la importancia de los médicos de admisión y documentación.

Para Leon-Chisen es esencial saber exactamente cuánto se puede gastar un hospital y cómo ahorrar. "En Estados Unidos las personas sin cobertura sanitaria no acuden al hospital hasta que no están muy enfermas. Se dirigen directamente a urgencias, y eso genera aún más gastos que si hubieran sido atendidas por un médico de atención primaria".



El sistema sanitario español acumula un déficit de 11.000 M
El sector sanitario público representa el 5% del PIB, da empleo a 1 M de personas y gestiona un presupuesto de cerca de 60.000 M€

Según el último informe 'Impulsar un cambio posible en el sistema sanitario' elaborado por la Fundación de Estudios de la Economía Aplicada (FEDEA) y la consultora McKinsey, el déficit sanitario acumulado podría alcanzar los 50.000 M€ en 2020. Una cifra que podría hacer peligrar la sostenibilidad y accesibilidad de la sanidad pública española y que pone de relieve la necesidad de emprender diferentes medidas para moderar el sobreuso de los servicios sanitarios y otorgar a los profesionales sanitarios una mayor autonomía de gestión.

Tal y como revela el estudio, a día de hoy, el sector sanitario público representa el 5% del PIB, da empleo a 1 M de personas y gestiona un presupuesto de cerca de 60.000 M€. Pese a que su situación de partida es buena, con uno de los costes más bajos de Europa, a corto plazo, la situación financiera del sistema es muy preocupante. Acumula un déficit de 11.000 M€ (un 20% del presupuesto total de sanidad en 2007). En algunas comunidades autónomas, el retraso en el pago a proveedores supera el año y, a medio plazo, el gasto sanitario podría llegar a duplicarse, alcanzando un déficit de más de 50.000 M€. Asimismo, con el esquema actual, en diez años las listas de espera se dispararán en un sector donde la saturación ya es muy alta y la tasa de ocupación en los hospitales públicos supera el 80%.

Por ello, FEDEA y McKinsey proponen en principio tres o cuatro medidas para mejorar el sistema público. En primer lugar, se plantea la posibilidad de introducir nuevos sistemas de copago, mediante la inclusión de un ticket moderador por visita en atención primaria y urgencias para reducir el sobreuso del sistema. Como segunda medida, se habla de la puesta en marcha de nuevas prestaciones para incrementar la calidad del servicio al paciente. En tercer lugar, se ha propuesto la elaboración de una comparativa de desempeño clínico, calidad del servicio y eficiencia de centros sanitarios a nivel nacional, con comunicación de resultados primero a gestores y después a pacientes. Finalmente, se propone fomentar la autonomía de gestión para centros y profesionales, con un sistema de incentivos y una asunción de los riesgos asociados.

En España ya existe el copago en farmacia y puede mejorarse en cuanto a su equidad. Pero es erróneo centrarse en el copago a costa de las otras intervenciones públicas más generadoras de recursos. Ello no niega la importancia que el copago pueda tener para conseguir fondos para proveer nuevos servicios (como podología u odontología) siempre que sus precios sean regulados y que sean equitativos. Lo que no puede permitirse es que continuemos a la cola de la UE-15 en gasto público. El riesgo de privatización y de mantenimiento de la polarización pública-privada no procede de los copagos sino de la desgravación de las mutuas sanitarias privadas, lo cual, además de significar un coste al erario público (cualquier desgravación es un subsidio público), incrementaría, todavía más la polarización del sistema sanitario por clase social, lo cual sería un gran error.


Enlaces de interés.

Informe completo FEDEA-Mckinsey

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